viernes, 18 de febrero de 2011

"Presunto culpable", la justicia mexicana frente a las cámaras

"Presunto culpable", la justicia mexicana frente a las cámaras

En 2005, José Antonio Zúñiga fue detenido y condenado a pasar 20 años en la cárcel por el homicidio de un joven al que nunca había visto. Dos abogados, cámara en mano, decidieron luchar para demostrar su inocencia.
Este informático del Distrito Federal es hoy es libre y puede hablar del documental que protagoniza: "Presunto Culpable", una película que se estrena el 18 de febrero en México y que cuenta con varios premios en festivales de cine de Los Ángeles, Morelia o Madrid.
En ella, los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete filman el proceso de Zúñiga y las deficiencias y contradicciones del sistema judicial penal mexicano: juicios sin juez, condenas sin pruebas contundentes, testigos que nunca vieron al acusado…
Activistas y ONG creen que este documental podría despertar la conciencia de los mexicanos e impulsar una reforma judicial demandada desde hace años. Vea porqué en este video del corresponsal de BBC Mundo en México, Ignacio de los Reyes.

sábado, 12 de febrero de 2011

Roban Bs 192 mil a cajera de una alcaldía

Roban Bs 192 mil a cajera de una alcaldía

Por Gente - Agencia - 12/02/2011

Delincuentes armados atacaron el jueves a una mujer que llegó desde un municipio potosino para recoger el dinero destinado a pagar el salario de los trabajadores municipales y le robaron 190 mil bolivianos, además de otros 200 dólares, según informes proporcionados a la Policía de Cochaamba.
La víctima, de profesión cajera, aseguró que cerca de las 17:00 del jueves llegó hasta el Banco de Crédito, de donde retiró la suma, para luego, por supuestas medidas de seguridad, acudir en un taxi trufi hasta el domicilio de su madre para visitarla, donde no vio nada sospechoso, según el informe que dio a la Policía.
Sin embargo, al parecer los sujetos la persiguieron, pues justo cuando bajó del vehículo en la avenida Siglo XX, la cajera fue interceptada.
Los agresores eran dos individuos que se bajaron de una motocicleta y, apuntándola con un arma de fuego, le arrebataron la cartera y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Los gritos de auxilio alertaron a los transeúntes que pusieron nerviosos a los delincuentes y estos, para callarla, le dieron con el arma en la cabeza, provocándole una herida.
La mujer no pudo identificar a los autores y sólo vio una motocicleta de color rojo, pues tras golpearla ambos partieron sin que nadie haga nada por detenerlos. Además, uno de ellos llevaba el casco puesto.
Según el vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Richard Vargas, en el momento del atraco, uno de los antisociales había pronunciado palabras soeces que lo delataron con un acento extranjero, que bien pudo ser peruano o colombiano, mientras que el otro más bien parecía de origen oriental.
Vargas dijo que el caso se encuentra en investigación. Agregó que no se entiende cómo una mujer sola acude a retirar semejante suma que en muchos casos se convierte en “dulce” de los antisociales.
Esta misma falta de previsión orienta a no descartar otra segunda hipótesis que involucra a la misma víctima, de quien tampoco se explica por qué recogió en Cochabamba dinero para pagar en Potosí.
Otros robos
• Tras haber sido detenido al menos 10 veces, Raúl Rivero Romero (30) “El Terminator” fue detenido infraganti, robando televisores al mediodía de ayer en una casa de la avenida Juan Pablo II. La dueña lo sorprendió y llamó a la Policía que lo detuvo.

• Dos sujetos de 19 y 24 años fueron detenidos a las 22:35 del jueves tras ser pillados robando dos televisores de una vivienda de la avenida Circunvalación. Los vecinos los capturaron y entregaron a la Policía. Eran Roberto Quiroga Almanza, alias “El Chime” y Leonardo Camacho Prado alias “El Leomar”.

martes, 8 de febrero de 2011

Juicio por una caricatura en el EL DEBER reabre debate sobre la libertad de expresion

Un juicio por una caricatura en El Deber reabre debate sobre la libertad de expresión

08/02/2011 - 12:59:17
La Paz, (Erbol).- Un juez es objeto de un juicio por prevaricato instaurado por un general del Ejército Nacional. Esta acción pone otra vez en el tapete el debate sobre la libertad de expresión.
El argumento es que la autoridad judicial derivó una demanda al Tribunal de Imprenta, en vez de a uno ordinario, que deberá emitir un fallo sobre una caricatura del diario cruceño El Deber que cuestiona un proyecto que aparentemente no fue iniciado a pesar del dinero invertido, informa la red Erbol.
En la tira aparecen dos sujetos. Uno de ellos le dice a su interlocutor: “¿Se acuerda del Comando del Plata que se inauguró con tanta publicidad?” Y continúa: “El terreno está abandonado y los barbechos han sepultado a la piedra fundamental”. El otro piensa en un parlamento de dos cuadros: “No es lo mismo que un Comando del Plata a que un comando se lleve la plata”.
La caricatura fue publicada el 24 de agosto de 2009, seis días después de que el periódico difundiera una información en la que “las autoridades y pobladores de San Ignacio de Velasco denuncian que la instalación del Comando del Plata quedó en nada y que el Estado invirtió recursos”.
Quien se sintió aludido por los dibujos fue el general José Antonio Ágreda Mendívil, ahora el Jefe del Estado Mayor General del Ejército y entonces coronel responsable del Comando en cuestión. Así, interpuso una demanda contra al periódico, cuyos abogados plantearon una solicitud “excepción de incompetencia” ante el juez de la causa, Omar Dorado, con el argumento de que el demandante es servidor público y ante esa situación amerita la intervención de un Tribunal de Imprenta.
El fallo del juez señala que “no constituye injuria el hecho de puntualizar por la prensa deficiencias y abusos sobre irregularidades que afectan a servicios públicos”.
Los abogados de El Deber usaron como argumento esa decisión y el artículo 28 de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, que en parte dice “que los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, sólo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)”.
Sin embargo, la defensa de Ágreda Mendívil consideró que el juez incurrió en prevaricato (omisión de una decisión justa), por lo que ahora es objeto de un proceso por parte del demandante. Por eso, el fiscal del caso, Gomer Padilla, convocó hoy como testigos de la causa a los ejecutivos del diario, Pedro Rivero Jordán, y Juan Carlos Rivero Jordán, y a los abogados de éstos, Marco Peredo y Vitalio Quiroga.
El caso ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión en el país, por las organizaciones del gremio han declarado una alerta pública.
La tira es obra de Gaspar, en el espacio “El duende y su camarilla” del El Deber.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Bolivia

MZ / Bolivia

Manifestación de  mujeres en BoliviaEn 1994, M.Z. fue violada sexualmente en su domicilio en Bolivia. Pese a la denuncia que ella presentó  y a la prueba disponible, la justicia boliviana absolvió al agresor con base en argumentos arbitrarios y discriminatorios contra las mujeres, referidos a si ella había o no gritado o a su virginidad.
En noviembre de 2000, CEJIL, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Oficina Jurídica para la Mujer denunciaron el caso ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a las garantías judiciales, al derecho a la protección judicial y a la igualdad ante la ley, todos ellos derechos protegidos también por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará). La Comisión admitió el caso en 2001.
Las peticionarias alegaron que el Estado boliviano había violado los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la “Convención de Belém do Pará”.
En marzo de 2008 Bolivia firmó un acuerdo de solución amistosa con las organizaciones denunciantes y representantes de la víctima en el que reconoció su responsabilidad por los hechos del caso.
El acuerdo fue explícito en que el caso de M.Z. es un ejemplo de la situación de muchas mujeres víctimas de violencia sexual que han sido discriminadas por el sistema de justicia, en violación de sus derechos a una vida libre de violencia y a la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, ambos amparados en la Convención de Belem do Pará.
El Estado asumió el compromiso de implementar una serie de políticas públicas destinadas a garantizar el respeto de los derechos de todas las mujeres bolivianas, tal como está consagrado en los pactos internacionales de los que Bolivia es parte.
En julio de 2008, el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, reconoció públicamente la responsabilidad internacional del Estado boliviano, en un acto efectuado en la Cancillería, y pidió disculpas públicas por el accionar del sistema judicial boliviano.
fuente (esta y la anterior entrada): http://cejil.org/casos/mz

Derecho a la verdad y el acceso a la justicia

Poder judicial de Bolivia deniega el derecho a la verdad y el acceso a la justicia en el caso Trujillo Oroza

26-10-09
La Paz, Buenos Aires, 26 de octubre de 2009

El 27 de febrero de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por la detención ilegal, torturas y desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza, ocurridas el 2 de febrero de 1972 por agentes del Estado.
El Tribunal Interamericano ordenó en su sentencia distintas medidas de reparación, entre ellas, la de investigar, identificar y sancionar a los responsables de los hechos de que fuera víctima Trujillo Oroza y que fueron reconocidos por el Estado en el marco del proceso internacional.
El 6 de diciembre de 2008, después de nueve años de iniciado el proceso penal para investigar a los responsables de la desaparición forzada de José Carlos, el juez del séptimo turno en lo civil y comercial del distrito jurisdiccional de Santa Cruz, Bolivia, dictó la sentencia en primera instancia. En ella no se condenó a los imputados por desaparición forzada y sólo se sancionó a tres de ellos por el delito de privación de libertad a una pena de privación de libertad de dos años y ocho meses. Además, absolvió a los imputados de las vejaciones y torturas aplicándoles –aún cuando se trataba de delitos de lesa humanidad-el beneficio de la prescripción.
El pasado 28 de septiembre de 2009, la sala civil primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, confirmó la sentencia de primera instancia sin subsanar los graves vicios que presentaba. La desaparición forzada y torturas de las que fue víctima Trujillo Oroza hace treinta y siete años no fueron debidamente investigadas ni sancionadas. De este modo, se niega una vez más a los familiares y a la sociedad toda su derecho a la verdad y a obtener justicia.
CEJIL lamenta el resultado que hasta ahora se ha obtenido en el proceso penal y expresa su  preocupación frente a la posibilidad de que no se subsanen las deficiencias en los procesos llevados a cabo en las dos instancias antes indicadas. CEJIL recuerda al Estado de Bolivia que el delito de desaparición forzada y tortura pertenecen al dominio del jus cogens y están estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Este tipo de crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, no pudiéndose invocar leyes nacionales que impidan la adecuada investigación y sanción de estas graves violaciones de los derechos humanos. De no revertirse la situación, el Estado de Bolivia mantendría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos contra José Carlos Trujillo Oroza, incumpliendo con su obligación internacional de investigar, identificar y sancionar a los responsables de los hechos.