martes, 25 de enero de 2011

Proteccion de datos

El Gobierno sale a negar una "persecución" a los usuarios de las tarjetas de crédito

25/01/11 - 18:08
Según una nueva reglamentación, los bancos deberán exigir una declaración jurada a quienes tengan tarjetas con un límite de compra superior a los $5.000. Pero hoy la Unidad de Información Financiera aclaró que sólo afectará a los nuevos usuarios.

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, aseguró hoy que las nuevas medidas dispuestas para combatir el lavado de dinero apuntan a maximizar los controles por parte de las compañías emisoras de tarjetas de crédito y "en modo alguno" suponen una persecución a los usuarios.
"No hay una persecución al usuario de una tarjeta sino medidas reforzadas para las administradoras de tarjetas o de cheques de viajero, que al momento de otorgamiento deberán asegurarse, de la mejor manera, de la capacidad del cliente, de su debida identificación" precisó el funcionario en un comunicado.
Al respecto agregó, "pensemos que, sin controles, alguien puede utilizar cheques de viajero para hacerse de efectivo en cualquier lugar del mundo, sin que se conozca la procedencia de ese dinero".
Los mecanismos reforzados de prevención contra el lavado y el financiamiento del terronismo establecidos mediante la Resolución N 27/2011 publicada ayer en el Boletín Oficial, procuran impedir el uso de tarjetas de crédito y cheques de viajero para canalizar fondos de procedencia ilícita, indicó el comunicado.
La resolución exige a las emisoras de cheques de viajero y operadoras de tarjetas a que registren todas las operaciones de sus clientes. Además, deberán requerir una declaración jurada a quienes soliciten cheques de viajero por un valor superior a $5.000 o tarjetas con un límite de compra por encima de esa cifra.
Pero eso no es todo: cuando esos topes superen los $20.000 deberán además presentar "documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos".
Las compañías están obligadas a realizar perfiles de sus clientes y seguir todas las operaciones que efectúen. Y tienen un plazo de 90 días para adecuarse a las nuevas disposiciones.
La movida del Gobierno es una consecuencia de las críticas que realizó el GAFI en octubre respecto al escaso control y la falta de medidas antilavado en el país. Por eso se decidió por decreto centralizar la coordinación de las acciones antilavado en la UIF. El mes que viene, el GAFI volverá a evaluar la evolución de la situación argentina.
fuente: http://www.clarin.com/politica/gobierno/Gobierno-persecucion-usuarios-tarjetas-credito_0_415158703.html

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