“El Viejo”, en el momento en que encara al fiscal Soza. - Daniel James Los Tiempos
Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, principal testigo del Ministerio de Gobierno, acusó ayer al fiscal Marcelo Soza de haberlo secuestrado y llevado en varias oportunidades a distintos hospitales, así como de haberle instruido la compra de armas y la construcción de pruebas para implicar a otras personas en el denominado caso Rózsa.
“Me han llevado de clínica en clínica. Usted me ha secuestrado”, increpó El Viejo al fiscal en plena audiencia conclusiva del supuesto caso terrorismo.
La audiencia se reanudó en esta ciudad tras varias suspensiones, con la presencia de 17 de los 39 acusados dentro este caso.
Soza, al escuchar las palabras de Villa Vargas, se levantó y en voz alta, dirigiéndose al juez que presidía la audiencia, dijo: “Me está acusando de un delito y eso no lo voy a permitir”.
Momentos antes de este incidente, Villa Vargas denunció que una persona, que no pudo ser identificada, pero que acompañaba a Soza, le advirtió que debía quedarse callado, de lo contrario averiguará dónde estaba su hijo. “Pido un teléfono celular para comunicarme con mi hijo”, le dijo El Viejo al juez.
Sozarespondió que eso era invento del acusado y que los policías que vigilaban el lugar podían testificar que Villa Vargas se acercó al sujeto para pedirle una pastilla.
La primera jornada de la audiencia estuvo marcada por incidentes. Luego de más de cinco horas, con un intermedio a mediodía, el juez declaró cuarto intermedio hasta hoy a las 9:00, y anticipó que preveía resolver las observaciones y peticiones de nulidad de la acusación, en un tiempo no mayor de cuatro días.
Los acusados, los abogados de la defensa, el fiscal Marcelo Soza junto con sus colaboradores y los asesores legales del Ministerio de Gobierno llegaron cerca de las 10:00. Los defensores legales de nueve sindicados intervinieron en la audiencia, a su turno presentaron incidentes de actividad procesal defectuosa y exclusión de pruebas de la acusación formal que hizo el Ministerio Público y de la acusación particular del Ministerio de Gobierno.
Participaron los abogados de Elod Tóásó, Mario Tadic, Ignacio Villa Vargas, Juan Carlos Guedes, Alejandro Gelafio Santiestevan, Alcides Mendoza, Antonio Herrera, Roberto Justiniano y Hugo Paz.
Los abogados de Tóásó y Tadic pidieron la exclusión de más de 40 documentos presentados como pruebas ya que la detención a sus clientes se realizó de forma ilegal, sin orden judicial ni presencia de fiscal, se extrajo información de computadoras en privado y se perdió la grabación de cámaras de seguridad instaladas en el hotel Las Américas, del día de la intervención policial el 16 de abril de 2009.
Los abogados de Hugo Paz, además de solicitar la nulidad de la imputación formal, pidieron la cesación de detención preventiva de su cliente por motivos de salud, debido a que al momento guarda detención en la cárcel de San Pedro.
La defensa de Guedes dijo que la acusación carecía de fundamento porque no indicaba grado de participación de cada acusado ni especificaba qué acción cumplió cada uno en la conformación de la supuesta organización. Todos son acusados por los mismos delitos: terrorismo, organización criminal y sedición.
El asesor Legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivero, minimizó las observaciones y las calificó como “absurdas e incongruentes” porque sólo quieren perjudicar el proceso. Por su parte, el segundo asesor, Denis Rodas, dijo que no hay errores en la acusación y que la individualización de cada acusado se fundamentará en el juicio oral.
El juez no permitió que un perito informático de nacionalidad argentina interviniera en la audiencia para explicar las fallas que tuvo la Fiscalía cuando extrajo la información de las computadoras, el justificativo fue que a pesar de ser avalado por la Fiscalía Distrital de Santa Cruz, no podía interceder porque cumplía dualidad de funciones.
PRESENTARON CERTIFICACIONES MÉDICAS
4 acusados con medidas cautelares no asistieron
Antes de comenzar la audiencia conclusiva del caso Rózsa, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, declaró a los acusados Enrique Castedo, Gary Prado Salmón, Juan Carlos Santiestevan y Lucio Áñez Rivera como rebeldes debido a que no se presentaron ayer a la audiencia.Además, Maldonado anunció que a los acusados mencionados se les retirarían las medidas sustitutivas.
En el caso de Gary Prado, su abogado alegó que era de conocimiento general que su cliente no puede movilizarse porque está en silla de ruedas. A esto se suma la recomendación médica de evitar viajes, sobre todo a ciudades de más altura, explicó.
En el caso de Lucio Áñez Rivera, su abogado dijo que en los últimos meses fue intervenido a corazón abierto en tres oportunidades, por lo mismo estaba delicado.
El abogado de Castedo dijo que su cliente también padece del corazón y la altura pone en riesgo su salud; en el caso de Santiestevan, su abogado dijo que además de tener problemas cardiacos debe estar aislado porque tiene la gripe A/H1N1.
Determinaciones
El juez Maldonado dijo que revocaba el auto que había determinado después de escuchar las certificaciones médicas y las explicaciones de los abogados.
Determinó también realizar otra audiencia conclusiva para los cuatro acusados que no pudieron asistir, pero el distrito judicial donde se realizará será determinado al concluir la audiencia que se realiza en Cochabamba, tomando en cuanta el estado de salud de esta personas.
INCIDENTES
• Ignacio Villa Vargas cerca de las 18:00 se desmayó, sufrió una descompensación debido a que padece diabetes, fue trasladado hasta el hospital Viedma.
• Los acusados vestían poleras que tenían estampadas las frases de “Evo, oramos por ti” y “Somos autonomistas”.
• La parte acusadora del Ministerio de Gobierno pidió al juez Ricardo Maldonado no permitir las “miradas asesinas” que supuestamente venían de los acusados.
• Son 39 acusados por el caso Rózsa, 12 con detención preventiva, nueve con detención domiciliaria y 17 fueron declarados en rebeldía
Comentarios - 0
